La empresa Empresas Públicas de Medellín, EPM, aseguró que la operación de la central hidroeléctrica Hidroituango se realiza en cumplimiento de las disposiciones ambientales vigentes, luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, anunciara la apertura de un nuevo proceso sancionatorio contra el proyecto hidroeléctrico Pescadero–Ituango.
Según informó la autoridad ambiental, la investigación busca determinar presuntos incumplimientos relacionados con el manejo de caudales aguas abajo de la presa y con obligaciones ambientales asociadas al llenado del embalse. Entre los aspectos que revisa la ANLA está la supuesta falta de control en los caudales descargados mediante la regla de operación y la posible no garantía de que los caudales liberados desde el vertedero sean, al menos, iguales a los registrados en la estación de medición de Olaya, ubicada en la entrada del embalse.
También se investigan presuntos incumplimientos en actividades de manejo ambiental dentro del vaso del embalse, entre ellas el aprovechamiento forestal de cerca de 59,82 hectáreas, así como el rescate, ahuyentamiento y salvamento de fauna durante el ascenso del nivel del agua. Dentro del proceso también se revisa el rescate de germoplasma y la reubicación de especies en veda antes del incremento del nivel del embalse.
Respuesta de EPM
Frente a estas acusaciones, EPM señaló que la central hidroeléctrica opera en estricto cumplimiento de la licencia ambiental, de los actos administrativos vigentes y de la Resolución 2306 de 2019. La empresa paisa de servicios públicos explicó que, durante las épocas de estiaje (enero, febrero, marzo, julio, agosto y septiembre), los caudales descargados deben ser como mínimo iguales a los registrados en la estación Olaya, condición que, según aseguró, se cumple. La compañía explicó además que los caudales de entrada y salida, así como los niveles del embalse, son reportados de manera permanente y en tiempo real al Centro de Monitoreo de los Recursos Naturales de la ANLA.
EPM también destacó que durante la temporada de lluvias de 2025 y lo corrido de 2026 la operación del embalse ha contribuido a mitigar eventos hidrológicos aguas abajo de la presa. Como ejemplo mencionó la creciente registrada el 11 de abril de 2025, cuando el caudal del río Cauca alcanzó niveles cercanos a los 5 000 metros cúbicos por segundo a la altura de Bolombolo. En ese momento se descargaron cerca de 3 000 m³/s por el vertedero y las unidades de generación, lo que, según la empresa, permitió contener el pico de la creciente y evitar inundaciones.

Durante ese evento, agregó la compañía, se desplegaron equipos técnicos y sociales en comunidades ribereñas y se coordinó en tiempo real con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), las administraciones municipales y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.
EPM también indicó que el proyecto cuenta con un Centro de Monitoreo Técnico que opera las 24 horas del día, apoyado por estaciones de medición ubicadas en La Virginia, La Pintada, Bolombolo y Olaya, lo que permite anticipar con hasta 40 horas situaciones que puedan afectar la seguridad de las comunidades aguas abajo.
Sobre la operación del embalse, la empresa explicó que actualmente se encuentra alrededor de la cota 409 metros sobre el nivel del mar, una cota operativa declarada para fines de coordinación del sistema eléctrico y cumplimiento ambiental. No obstante, el diseño de la presa establece que la cota máxima de operación normal es de 420 metros sobre el nivel del mar.
Según la empresa, las condiciones que hoy limitan la operación no corresponden a restricciones de infraestructura sino a obligaciones ambientales. Por ello, manifestó a la ANLA su disposición para ejecutar la remoción de la capa vegetal pendiente entre las cotas 409 y 420 metros y solicitó las autorizaciones correspondientes.
Sobre el proceso sancionatorio, EPM informó que los apoderados de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. ya fueron notificados del acto administrativo y que una vez se conozcan los detalles dará respuesta a la autoridad ambiental dentro del debido proceso.
De acuerdo con la ANLA, la entidad tiene un plazo máximo de cinco años desde la apertura del proceso para determinar si existe responsabilidad. Actualmente el proyecto Hidroituango acumula 29 procesos sancionatorios ambientales: 20 continúan activos y 9 ya cuentan con decisión de fondo. Entre las hidroeléctricas bajo seguimiento de la autoridad ambiental, las empresas con más investigaciones en curso son Hidroituango (20), Isagen (13) y Enel (9).
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