Mediante decreto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego definió un aumento histórico cercano al 23 % para el salario mínimo que regirá en Colombia en 2026, una decisión que el Ejecutivo anunció en la noche de este 29 de diciembre anticipando que recibiría críticas desde los sectores empresariales. El salario mínimo para el año entrante será de 1 750 905 pesos y ascenderá a $2 000 000 con el auxilio de transporte.
Una de las primeras reacciones provino de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, que advirtió en un comunicado que el salario mínimo decretado no guarda coherencia con la productividad real de la economía y pone en riesgo el empleo.
“La Asociación de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, Acopi, manifiesta su profunda preocupación frente al decreto mediante el cual el Gobierno nacional fija un incremento histórico del 23,78 % del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) para el año 2026, al considerar que esta decisión tendrá impactos significativos sobre el empleo formal, la sostenibilidad empresarial y la formalización laboral, especialmente en las mipymes”, manifestaron desde este sector empresarial.
Acopi calificó como “grave, irresponsable y politiquera” la decisión, y dijo que prioriza intereses ideológicos sobre criterios técnicos. “Las voces del empresariado fueron escuchadas, pero no tenidas en cuenta”, agregó.
Para esta asociación, el insólito aumento del mínimo —que el Gobierno nacional defiende como un avance hacia un “mínimo vital familiar”— tendrá efectos como la reducción o el congelamiento de nuevas contrataciones, riesgo de destrucción de empleo formal, mayor informalidad laboral, incremento de la tercerización y de formas de contratación no laboral, así como presiones inflacionarias por el traslado de costos a los precios finales.
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“El incremento decretado (…) genera profundas preocupaciones por sus nefastas consecuencias sobre la sostenibilidad de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, que representan más del 90 % del tejido empresarial del país y son las mayores generadoras de empleo formal”, recordó Acopi, que concluyó diciendo que “Sin empresas sostenibles no hay empleo formal ni crecimiento económico posible. Las mipyme no resisten decisiones desconectadas de la realidad económica del país”.
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