Siete predios que conforman la hacienda La Porcelana, ubicada en Sonsón, fueron afectados con medidas cautelares de extinción de dominio durante un operativo de la Fiscalía General de la Nación contra bienes que estarían vinculados al denominado «Clan Herrera».
Los terrenos ubicados en Sonsón tienen una extensión conjunta de 1083 hectáreas y hacen parte de un grupo de 42 activos que, según la Fiscalía, estarían relacionados con uno de los presuntos grupos de testaferros que estuvieron al servicio de Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como Pacho Herrera, fallecido narcotraficante del Cartel de Cali.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre los bienes identificados.
Operativos en otras ciudades
Las diligencias fueron adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Sonsón, Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá.
En total, las medidas afectaron 42 bienes avaluados preliminarmente en más de $44 900 millones, entre inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad.
Según la Fiscalía, el rastreo de movimientos patrimoniales y operaciones financieras permitió establecer que personas y empresas de diferentes sectores de la economía habrían sido utilizadas durante varios años para ocultar, transformar y administrar los activos investigados.
Entre los sectores mencionados por el ente investigador se encuentran el inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar.
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Siete predios están en Sonsón
En el caso de Sonsón, las medidas recayeron específicamente sobre siete predios que integran la hacienda La Porcelana, cuya extensión total alcanza las 1083 hectáreas.
En Bogotá fueron afectados un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales. En Cali, las medidas cobijaron dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio.
En Jamundí fueron afectados un inmueble urbano de cuatro pisos donde funcionaba un hotel y un lote, mientras que en Tuluá la medida recayó sobre un terreno.
La Fiscalía continuará el proceso de extinción de dominio para determinar la situación jurídica definitiva de los bienes afectados. Las medidas cautelares no constituyen, por sí mismas, una decisión definitiva sobre la propiedad de los activos.
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