En Granada, del 4 al 6 de diciembre se desarrolla la Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Subcaso Antioquia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Uno de los testimonios más reveladores y de mayor aporte a la verdad fue el que brindó el compareciente Juan Carlos Quiroz, quien fue integrante del Batallón de Artillería No.4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (BAJES) entre 2001 y 2004, llegando a ser el segundo comandante. Dijo que integrantes de ese batallón utilizaron una casa, a la que llamaron “casa estudio” ubicada entre Granada y El Santuario para mantener secuestrados a habitantes de calle y personas vulnerables del Oriente y del Valle de Aburrá, en especial de Medellín, atraídos por ofertas de trabajo, para luego prepararlos para ser asesinados y presentados como supuestas bajas en combate, conocidos como «falsos positivos».
“Los peluquiaban, les daban de comer, les cambiaban la ropa y, lo más triste, les enseñaban a disparar. El BAJES llegó a un punto que, cuando estaban esas personas allá, después de 5 días, los sacaban a un área rural (Granada, Cocorná o San Carlos) donde los comandantes de batería realizaban falsas operaciones y asesinaban a la persona. Ya tenían el arma, a la gente que iba a declarar al juez penal militar. Era un engranaje. Todos sabían lo que tenían que hacer”, confesó.
En esta audiencia, 40 antiguos integrantes del Ejército y 2 civiles fueron llamados a reconocer su responsabilidad por el asesinato de más de 589 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate entre 2002 y 2007 en Antioquia, en hechos atribuidos a seis batallones adscritos a la Brigada IV. La mayoría de las víctimas eran del Oriente de Antioquia: 147 casos entre 2002 y 2003 y 182 entre 2004 y 2007 en la subregión.
Entregaron restos de cuatro víctimas desaparecidas
En la audiencia fueron entregados los restos cuatro víctimas de desaparición forzada en el Oriente antioqueño a sus familias tras haber sido presentadas falsamente como bajas en combate. Los restos corresponden a Heider Alberto Velásquez, Jairo Andrés Álzate, Juan Carlos Castaño Tobón y José Mauricio Meneses Zapata. Dos de estas entregas se realizan de manera simbólica, porque los cuerpos ya fueron entregados a sus parientes o se entregarán en los próximos días.
Por estos delitos, la Sala de Reconocimiento imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 50 personas. Ocho de ellas —incluidos dos generales retirados, entre ellos Mario Montoya Uribe; un coronel y tres tenientes coroneles— no aceptaron los cargos y sus expedientes permanecen en trámite ante la Unidad de Investigación y Acusación. Tres brigadieres generales adicionales mantienen solicitudes de nulidad en revisión.
A la audiencia asisten más de 400 víctimas acreditadas, quienes escuchan los relatos de los comparecientes y presentan exigencias de verdad y esclarecimiento. La JEP busca reconstruir la cadena de decisiones que permitió que los hechos investigados se extendieran por el Oriente, Norte, Nordeste, Suroeste, Occidente y el Valle de Aburrá.
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