La revista Semana reveló, en su edición del sábado 25 de julio, una investigación periodística que señala a Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro, como presunta líder de una red dedicada a cobrar dinero a empresarios a cambio de facilitarles el acceso a contratos estatales. Según la publicación, en el entramado también estaría implicada su hermana, Verónica Guerrero, y los hechos se habrían desarrollado entre 2024 y 2026 en entidades como el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior.
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La estructura de cobros
De acuerdo con Semana, tres personas que habrían participado en el entramado contactaron al medio para revelar el presunto esquema. Según sus testimonios, chats y consignaciones bancarias, las tarifas habrían funcionado así:
• Primera cita: 1 millón de pesos para reunirse con las hermanas Guerrero. • Pago inicial por gestión: 200 millones de pesos en efectivo o transferencias. • Comisión sobre el contrato: 10 % del valor total de cada proyecto adjudicado. • Comisión por municipio: hasta 35 millones de pesos por cada municipio favorecido, según empresarios afectados. • Caso citado en Aguachica: un proyecto de mejoramiento valorado en 6 000 millones de pesos habría tenido pactada una comisión de 60 millones de pesos. Según los denunciantes, Juliana habría asumido la gestión presencial ante las dependencias oficiales, mientras Verónica mantendría la interlocución con los contratistas y coordinaría los giros financieros. Los empresarios afectados habrían entregado en conjunto más de 600 millones de pesos sin que, según sus denuncias, los contratos fueran finalmente adjudicados.

El reclamo de reintegro
El Tiempo reportó que, ante los reclamos de devolución del dinero presentados en el segundo semestre de 2025, Juliana Guerrero habría reconocido en mensajes de texto estar dispuesta a coordinar el reintegro de las sumas depositadas en sus plataformas virtuales. Sin embargo, hasta la fecha no se habría concretado el pago reclamado por los denunciantes.
Según Semana, los fondos habrían sido recaudados inicialmente por David Trespalacios, un joven de Barranquilla cercano a la familia Guerrero, antes de que los pagos comenzaran a llegar directamente a cuentas personales de las hermanas, incluidas transferencias por Nequi. La influencia atribuida a las hermanas se extendería también a los ministerios de la Igualdad, Ambiente y Defensa, así como a la Fiduagraria, el Dapre, la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz.
Reacciones políticas
El presidente Gustavo Petro se pronunció el sábado y se desmarcó del escándalo, afirmando que el Gobierno no habría permitido que se concretaran las presuntas coimas. El exsenador Gustavo Bolívar pidió que la Fiscalía investigue el caso, y el senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, calificó los señalamientos como “aterradores” y solicitó a las autoridades abrir una investigación formal. Vicky Dávila, presidenta de la junta ejecutiva de Semana, también se refirió públicamente al caso en redes sociales.
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