El Ministerio de Transporte expidió la resolución 20263040030675 de 2026, con la cual reglamenta la circulación de los vehículos de micromovilidad en Colombia y desarrolla la Ley 2486 de 2025, orientada a promover el uso de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana como alternativa de transporte sostenible. La norma, firmada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, modifica y adiciona la Resolución Única Compilatoria en materia de Tránsito de 2022.
La resolución incorpora una clasificación oficial de los vehículos de micromovilidad, diferenciando entre no automotores y automotores. Dentro de esta última categoría quedan comprendidos los Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Personal Urbana (VELMPU) —patinetas y monociclos de propulsión exclusivamente eléctrica—, además de bicicletas eléctricas, triciclos y otros vehículos con motor eléctrico o de combustión. La medida busca dar claridad técnica a ciudadanos, fabricantes, comercializadores y autoridades de tránsito sobre las condiciones de cada tipo de vehículo.
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En materia de seguridad, la norma exige que los VELMPU cuenten con sistema de frenado en todas las ruedas, iluminación frontal y trasera, dispositivo acústico de advertencia, limitador de velocidad no manipulable y visualizador de batería y velocidad. Sus conductores deberán usar casco certificado y prenda retrorreflectiva entre las 18:00 y las 6:00 horas.
La resolución fija además límites de velocidad: hasta 25 km/h en vías dentro de espacios recreativos o deportivos, y hasta 40 km/h para la circulación fuera del perímetro urbano en los municipios que no cuenten con reglamentación propia. También prohíbe la circulación de estos vehículos sobre andenes, aceras y demás infraestructura exclusivamente peatonal.
A partir del 1 de enero de 2027 será obligatoria una lámina de identificación para los vehículos exceptuados por el artículo 15 de la Ley 2486 de 2025, con datos como velocidad máxima, número de serie, marca, modelo, peso, potencia, categoría y clase. La norma también incluye disposiciones sobre transporte de estos vehículos en sistemas públicos de pasajeros, gestión ambiental de baterías y protocolos para emergencias asociadas a baterías de litio.
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Durante los tres meses siguientes a la publicación de la resolución en el Diario Oficial, el incumplimiento de sus disposiciones no dará lugar a sanciones. En ese periodo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte adelantarán acciones de divulgación y pedagogía sobre el nuevo marco normativo.
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