Una nueva modalidad de estafa en la compra de vehículos con prenda es denunciada por cientos de personas, quienes aseguran haber entregado sus automotores mediante contratos firmados en notaría, sin recibir el pago acordado y manteniendo la deuda activa con entidades financieras.
Las víctimas relataron a MiOriente que el proceso se realizó bajo condiciones que generaban confianza. «Hicimos un contrato de compraventa, todo por notaría, con firma autenticada y huella», explicó una de las afectadas. Sin embargo, tras concretar el acuerdo, los compradores no cumplieron con el pago ni asumieron la obligación financiera.
De acuerdo con los testimonios, la modalidad inicia con la identificación de personas que venden vehículos con prenda vigente, principalmente a través de redes sociales. Los implicados se presentan como compradores o intermediarios y ofrecen asumir la deuda con la entidad financiera como parte del negocio.
El punto clave del esquema es la firma de documentos en notaría, lo que da apariencia de legalidad a la transacción. No obstante, los compradores no formalizan la cesión del crédito ante la entidad financiera, se quedan con el vehículo y no realizan los pagos. En consecuencia, los propietarios originales pierden el automotor y además continúan con la obligación financiera.
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Los afectados indicaron que los vehículos son trasladados entre distintas ciudades y comercializados nuevamente, pese a mantener limitaciones legales. Según los testimonios, los automotores han sido ubicados en Pereira, Medellín, Cartagena y Santa Marta, lo que evidencia un patrón de circulación.
El alcance del caso se evidenció cuando las víctimas comenzaron a contactarse entre sí a través de redes sociales. «Empezamos a ver publicaciones que advertían que no cayeran porque era una estafa, y así nos fuimos encontrando», señaló otro denunciante. Actualmente, existen grupos organizados de afectados, uno de ellos con más de 100 personas.
Frente a estos hechos, las víctimas informaron que interpusieron denuncias ante la Fiscalía y avanzan en una denuncia colectiva, recomendada por las autoridades para consolidar los casos y facilitar la investigación.
Además de la pérdida del vehículo, los afectados enfrentan consecuencias financieras, ya que las entidades continúan exigiendo el pago de las cuotas. En algunos casos, el incumplimiento podría derivar en procesos de cobro o embargo.
Los denunciantes advirtieron que esta modalidad continúa activa y señalaron que puede afectar a personas que buscan alternativas para transferir deudas de vehículos sin verificar que el proceso cuente con la aprobación de la entidad financiera.
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