Emilio José Tapia Aldana fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en dos escándalos de corrupción que involucraron contratos públicos de gran envergadura: el caso ‘Centros Poblados’ y procesos contractuales de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (Ptar) de Puerto Mallarino.
La condena fue resultado de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual Tapia aceptó los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además, ofreció excusas públicas, se comprometió a colaborar con la justicia y a restituir 5 063 millones de pesos que había obtenido de manera ilícita.
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Hasta el momento, el sentenciado ha reintegrado 2 532 millones de pesos mediante títulos judiciales y aseguró que el monto restante será cubierto en dos pagos programados para abril y octubre de 2025, garantizados con un inmueble ubicado en San Cristóbal, Medellín. Actualmente, Tapia cumple su condena en un centro carcelario de Barranquilla.
El caso ‘Centros Poblados’
En octubre de 2020, Tapia participó en la creación de la Unión Temporal Centros Poblados, un consorcio que, mediante la compra de experiencia y la presentación de pólizas bancarias falsas, logró adjudicarse un contrato de un billón de pesos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC). Este contrato buscaba llevar internet a escuelas rurales en varias zonas del país.
Gracias a estas maniobras fraudulentas, Tapia recibió un anticipo de 5 063 millones de pesos que destinó a la compra de obras de arte, vehículos y otros gastos personales, incluyendo el pago de honorarios legales.
Contratos en Emcali
En febrero de 2021, Tapia utilizó empresas bajo su control para formar un consorcio que obtuvo dos contratos de Emcali, valorados en 3 798 millones y 2 414 millones de pesos, respectivamente. Estos contratos tenían como objetivo la construcción de obras alternas en la Ptar de Puerto Mallarino, ubicada en el Valle del Cauca.
Para asegurar la adjudicación, Tapia falsificó pólizas que supuestamente garantizaban el cupo de crédito necesario para los contratos, lo que indujo en error a los funcionarios de Emcali y permitió la firma de los acuerdos fraudulentos.
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