La Fiscalía General de la Nación confirmó el hallazgo de una fosa común con los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos que habían sido reportados como desaparecidos desde abril en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare. Las víctimas fueron asesinadas por el frente Armando Ríos del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Farc comandada por alias Iván Mordisco.
Según reveló el fiscal delegado para la criminalidad organizada, Raúl González, las víctimas fueron obligadas a cavar su propia tumba antes de ser ejecutadas con armas de fuego. El crimen habría sido motivado por una falsa sospecha de infiltración por parte del ELN, debido al origen araucano de los líderes.
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La investigación avanzó tras la captura de un presunto integrante del grupo armado, en cuyo celular fueron halladas imágenes que documentaban el secuestro, asesinato y entierro de las víctimas. Con esa evidencia, los investigadores lograron ubicar la fosa en la vereda Agua Bonita Media.
Los asesinados fueron identificados como Jesús y Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri y Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. Todos ellos lideraban proyectos agrícolas, comunitarios y religiosos en la zona, sin vínculo alguno con grupos armados.
Los hechos se iniciaron el pasado 4 de abril, cuando dos de los líderes fueron citados por integrantes del EMC con el pretexto de verificar información. Tres días después, los otros seis fueron también llevados por la fuerza. Ninguno volvió con vida.
“La orden habría sido impartida por la estructura de mando de alias Iván Mordisco. El grupo mantiene un control territorial estricto y actúa bajo una lógica criminal donde cualquier sospecha se convierte en sentencia de muerte”, señaló el fiscal González.
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La Defensoría del Pueblo, que acompañó a las familias durante la búsqueda, exigió medidas urgentes de protección colectiva. El organismo también recordó que el departamento se mantiene bajo constante amenaza por enfrentamientos entre disidencias y alertó sobre el riesgo de nuevos hechos de violencia.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con esta masacre ya son 33 registradas en Colombia durante 2025. La disputa entre grupos armados, los confinamientos masivos y el reclutamiento forzado siguen generando una crisis humanitaria en departamentos como Guaviare, Putumayo, Caquetá, Meta y Amazonas.
“Estas situaciones no deberían ocurrir. Vivimos en unos niveles de violencia que nos exigen mayor responsabilidad como Estado frente a la protección de nuestros ciudadanos”, concluyó el fiscal González.
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