Este medio conoció el texto de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra apartes de la ley que regula el acogimiento de los grupos armados ilegales a la justicia. El escrito deja en pie el régimen y le pide a la Corte precisar siete puntos de los que dependen la libertad, las rebajas de pena y la prueba de la pertenencia a esas estructuras. Su autor había advertido varios de esos problemas al Congreso antes de la sanción y al Gobierno al día siguiente de ella.
Cinco días después de sancionada la Ley 2640 de 2026, que prorrogó y reformó la Ley 418 de 1997 y creó el régimen para que los integrantes de grupos armados ilegales se acojan a la Constitución y a la ley, el abogado penalista Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes, conjuez del Tribunal Superior de Medellín y doctorando en Derecho, presentó ante la Sala Plena de la Corte Constitucional una demanda contra apartes de seis de sus artículos. El documento, de treinta páginas y fechado en Medellín el 9 de noviembre, acusa de manera parcial los artículos 2, 3, 8, 9, 16 y 24. Fue presentado en nombre propio, en ejercicio de la acción pública que la Constitución reconoce a todo ciudadano.
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La demanda advierte desde su primera página que «no discute la conveniencia de esa decisión legislativa ni la oportunidad política de ofrecer una salida jurídica a las estructuras armadas», y que tampoco formula reparos al trámite en el Congreso. Recuerda que el proyecto fue radicado por el Gobierno nacional el 13 de octubre y que el Ministerio de Justicia había fijado la línea oficial en un comunicado del 12 de septiembre, según el cual «no habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley». «Esta demanda parte de la misma premisa», se lee en el escrito. Por eso la mayoría de las pretensiones son de exequibilidad condicionada, es decir, que la norma se conserve con el entendimiento que la Corte le fije, de modo que pueda aplicarse con certeza por los jueces, la Fiscalía, el Gobierno y quienes decidan acogerse. Solo en dos cargos se pide, como petición principal, retirar expresiones puntuales.
El argumento central se apoya en la sentencia C-525 de 2023, en la que la Corte examinó la Ley 2272 de 2022 y condicionó su exequibilidad «en el entendido de que los términos del sometimiento a la justicia deben ser definidos por el Legislador y garantizar los derechos de las víctimas». Para el demandante, la Ley 2640 es la ley que esa sentencia anunció y debe medirse con la vara que la propia Corte fijó. Su reparo es que en varios apartes el Congreso dejó sin fijar las reglas de las que dependen la libertad personal, el acceso al tratamiento penal y la medida de la pena, y las trasladó a un acto del Gobierno, a un reglamento, a un informe reservado o a una categoría sin definición.
El primer cargo recae sobre la definición de los destinatarios. El artículo 2 comprende a toda organización capaz de «comprometer la seguridad ciudadana» o «alterar la convivencia pacífica», expresiones que la demanda considera propias del derecho de policía y ajenas al penal, y deja la calificación de cada grupo a lo que establezca «su reglamentación». Se pide retirar esas expresiones y precisar que la calificación corresponde a una decisión motivada del presidente, adoptada con los elementos objetivos que trae la ley y sin efecto vinculante para los jueces. El segundo cargo se ocupa de la ubicación temporal de los integrantes «en el lugar que designe el Gobierno» y del acto presidencial que define el lugar para la judicialización. La Corte había exigido en 2023 que fuera la ley la que precisara la finalidad, el alcance, el procedimiento y los mecanismos de seguimiento de esas zonas, y la norma los remite al acto del Ejecutivo. La pretensión es que se declare que la ubicación es voluntaria y que ninguna restricción de la libertad puede provenir de autoridad distinta de la del juez.
Tres cargos se refieren a la medida de la pena. El tercero cuestiona la regla que reduce la rebaja al treinta por ciento para los integrantes de base y al diez por ciento para los mandos cuando la organización reclute menores después de la vigencia de la ley, sin atender a la participación de cada persona. La demanda sostiene que así se castiga por un hecho ajeno, en contra del principio de culpabilidad y del artículo 5.3 de la Convención Americana, y pide retirar el inciso o limitarlo a quienes reclutaron o, pudiendo impedirlo, lo permitieron. El cuarto se dirige contra el «rol de mando», del que dependen una rebaja menor y un mínimo de diez años de prisión efectiva, y que la ley describe apenas «en términos de control y liderazgo de la estructura». Se solicita que solo se atribuya a quien tuvo control efectivo, probado individualmente ante los jueces, y que no baste el rango, el alias o el lugar en una lista. El quinto advierte que la remisión a la Ley 1908 de 2018 «en lo que no sea contrario» a la nueva ley deja en duda si subsiste el tope del treinta por ciento que aquella fija para los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los delitos contra niños, niñas y adolescentes, contra la vida de las mujeres y contra la libertad sexual, frente a la rebaja general del cincuenta por ciento. La petición es que la Corte declare que ese tope se mantiene.
Los dos últimos cargos tocan el procedimiento. El sexto objeta que, en la verificación de las listas de integrantes que adelanta el Ministerio de Justicia, un informe de inteligencia pueda servir como elemento que «demuestre» la pertenencia, cuando el artículo 35 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013 le niega valor probatorio, y que las listas y resoluciones sean reservadas hasta la fase judicial sin que la ley regule la decisión que niega la aceptación. Se pide que esos informes solo orienten la verificación y que la negativa sea motivada, notificada y recurrible. El séptimo se dirige contra la suspensión condicional de la pena para delitos menores, que puede operar al año de ejecución o desde la sentencia para quienes se presenten en los primeros ciento ochenta días. La ley no dice quién verifica antes el aporte de verdad, cuánto dura el periodo de prueba ni cómo se revoca el beneficio, y la demanda propone que sea el juez quien lo verifique y lo fije.
La demanda es el último paso de una secuencia documentada. El 14 de agosto, Giraldo Cifuentes había puesto a consideración del Gobierno y del Congreso, por derecho de petición, una fórmula jurídica de acogimiento colectivo a la justicia en setenta y dos artículos. En un escrito fechado el 20 de octubre, cuando el proyecto 433 de 2026 Cámara, 296 de 2026 Senado, ya tenía ponencia para primer debate, dirigió a los coordinadores ponentes quince observaciones técnicas formuladas, según se lee allí, con «un solo propósito: que la ley que expida el Congreso resista el control de constitucionalidad y funcione en la práctica». Varias anticipan los cargos de hoy, entre ellas las relativas al procedimiento y la reserva de las listas, al valor de los informes de inteligencia, a la falta de definición del rol de mando, a las zonas de ubicación y a la autoridad que califica a los grupos. El 5 de noviembre, un día después de la sanción, radicó ante la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia un derecho de petición para que el Gobierno corrija, por la vía del artículo 45 de la Ley 4.ª de 1913, dos remisiones internas que apuntan a numerales que la ley no contiene, y examine una tercera, que remite a un artículo 66H inexistente. La demanda da cuenta de esa solicitud, la anexa y aclara que esos yerros no se formulan como cargo, porque son defectos de técnica legislativa que tienen una vía propia de corrección y no alteran los apartes acusados.
La Corte deberá decidir ahora sobre la admisión. El demandante pidió que el proceso se comunique al presidente de la República y al presidente del Congreso, que se invite a conceptuar, entre otros, a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Superior de Política Criminal y a la Procuraduría, que se evalúe la convocatoria de una audiencia pública y que se dé al asunto el trámite más expedito posible, dado que la ley rige por cuatro años y puede empezar a aplicarse de inmediato. Si la demanda es admitida, el Decreto 2067 de 1991 ordena fijar en lista las normas acusadas por diez días, término en el que cualquier ciudadano puede intervenir ante la Corte para defenderlas o impugnarlas. Al cierre de esta nota no se conocía el número de expediente asignado.
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