El presidente Abelardo De La Espriella ordenó al Ministerio de Transporte realizar una revisión sobre el funcionamiento y la legalidad de las cámaras de fotodetección instaladas en diferentes regiones del país. La decisión se conoce en medio de la controversia generada por la entrada en operación de nuevos dispositivos en la vía que comunica a Barranquilla con Cartagena, donde la instalación de cámaras ha provocado cuestionamientos por parte de conductores y sectores de la región.
El pronunciamiento del mandatario se produjo después de que la ministra de Transporte, Elsa Noguera, pidiera suspender la entrada en operación de tres nuevas cámaras de velocidad en la Vía al Mar. La funcionaria consideró excesivo el número de dispositivos instalados en ese corredor, pues con los nuevos puntos serían siete las cámaras de fotodetección existentes entre Barranquilla y Cartagena. Noguera sostuvo que estos mecanismos deben estar orientados a mejorar la seguridad vial y no convertirse en instrumentos de recaudo.
Frente a esta situación, De La Espriella respaldó públicamente la decisión de su ministra y pidió llevar la revisión más allá de la carretera que conecta a las dos ciudades de la Costa Caribe. El jefe de Estado solicitó evaluar las cámaras que funcionan actualmente en todo el territorio nacional, con el propósito de determinar si cumplen las condiciones legales y si realmente están contribuyendo a prevenir accidentes y proteger a los usuarios de las vías.
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El Gobierno señaló que la revisión busca establecer si los sistemas de fotodetección están siendo utilizados principalmente para fortalecer la seguridad vial o si, en algunos casos, podrían estar funcionando como mecanismos de recaudo. El presidente también cuestionó los posibles “atropellos” contra los ciudadanos y respaldó la posición de Noguera de que las cámaras deben tener como prioridad la prevención de siniestros y la protección de vidas.
Con esta decisión, el Ministerio de Transporte deberá analizar el funcionamiento de las fotomultas existentes y verificar que su operación se ajuste a las normas vigentes. Por ahora, el caso de la Vía al Mar se convirtió en el punto de partida de una discusión nacional que podría derivar en cambios en la manera como operan estos dispositivos y en una revisión de las cámaras que actualmente generan comparendos electrónicos a los conductores en diferentes ciudades y carreteras del país.
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