La noche del viernes 25 de octubre se firmaron 10 acuerdos entre el gobierno nacional y representantes de los mineros, con el objetivo de avanzar en la regulación y caracterización de la minería ancestral y a pequeña escala en el Bajo Cauca.
Estos acuerdos buscan establecer rutas claras para el registro de la población minera y definir un plan de trabajo con un cronograma y acciones concretas, con el seguimiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, además del apoyo del Ministerio del Interior.
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Los acuerdos incluyen protocolos para la protección del medio ambiente, con medidas para la reconfiguración y recuperación del territorio. Se implementarán tecnologías limpias para proteger los recursos naturales. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció un protocolo para la protección de los derechos humanos en el marco del Decreto 1035, y aseguró que se aplicarán medidas para garantizar la transparencia en los procedimientos.
Como parte del acuerdo, se ampliará la participación en el distrito agrominero y pesquero del Bajo Cauca, permitiendo que los mineros tengan voz en la mesa interinstitucional. Se priorizará la inclusión de municipios como Valdivia (Antioquia), y otros en Córdoba, como Ayapel, Buenavista y Montelíbano.
El gobierno se comprometió a facilitar el acceso de los mineros a servicios financieros y programas de fomento, además de promover modelos de negocio con tecnologías limpias que permitan el acceso a mercados con valor agregado.
El gobierno destacó el carácter pacífico de la protesta, y entre los acuerdos se contempla realizar campañas para evitar la estigmatización de los mineros informales. En los próximos 15 días, representantes del gobierno visitarán el nordeste antioqueño para definir la estrategia de formalización.
Liseth Osorio, líder del comité del paro, expresó su satisfacción por los acuerdos alcanzados y el compromiso de transformar el territorio desde la restauración ambiental.
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