La organización Mujeres Caminando por la Verdad, la corporación jurídica Libertad, ente otras entidades, realizaron un plantón y una jornada artística en conmemoración de los 23 años de la operación Mariscal en la comuna 13, centro occidente de Medellín, la cual, según los manifestantes, dejó como saldo 9 personas asesinadas, 37 heridas y un número indeterminado de detenidos, al parecer arbitrariamente, en los barrios 20 de julio, El Salado, las Independencias 1, 2, 3 y Nuevos Conquistadores.
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El objetivo de esta jornada fue exigirle al Estado colombiano esclarecer los hechos de dicha intervención de la fuerza pública, y brindar verdad y justicia a las familias de las personas asesinadas y desaparecidas. Al respecto, esto dijo Luz Helena Galeano, integrante de la organización Mujeres Caminando por la Verdad.
“Se conmemora una de las operaciones militares, la operación Mariscal ocurrida en el año 2002, el 21 de mayo, en la que hubo asesinatos, desapariciones, allanamientos en las viviendas; y frente a eso, pues todos los años seguimos conmemorando. Ya este año son 23 años, porque aún seguimos en la impunidad y no hay responsables que reconozcan estos hechos”.
Según indicaron las víctimas de la intervención militar, la operación Mariscal dio inicio a las tres de la mañana y duró aproximadamente 12 horas y media. Por parte del Estado participaron en el enfrentamiento mil efectivos de la Policía, el Ejército, el DAS, la Fuerza Aérea Colombiana, funcionarios del CTI, la Fiscalía y la Procuraduría. Por la otra parte estaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), los grupos del ELN y los CAP.
Por los fuertes enfrentamientos de la insurgencia contra la fuerza pública, la comunidad decidió sacar trapos blancos, sábanas blancas, pidiendo que cesara el cruce de balas y gritando: “No queremos más balas, queremos paz”.
Por último, también se hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que avance en las investigaciones para que tanto los agentes del Estado como los no estatales sean juzgados por crímenes que hayan cometido en dicha intervención militar.
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