La Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía Nacional y la Guardia Civil española identificaron y capturaron a quien sería uno de los principales responsables de las maniobras de lavado de activos para el Clan del Golfo.
Se trata de John Henry González Herrera, alias Medio Labio, señalado de impartir instrucciones y establecer los lineamientos delictivos para coordinar la salida de cocaína a Europa, la recepción de los pagos que los contactos internacionales realizaban al grupo armado ilegal y el blanqueo de capitales ilícitos mediante la compra de bienes y otras actividades comerciales, a nombre de terceras personas para evitar su vinculación directa.
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John Henry González Herrera fue capturado en cumplimiento de una orden judicial en el peaje de Las Palmas, en Envigado, sur del Valle de Aburrá. Los análisis técnicos de comunicaciones cifradas y otros elementos materiales probatorios indican que estaría implicado en el envío de más de 44 toneladas de estupefacientes a destinos internacionales, las cuales iban ocultas entre cargamentos de frutas.
Según la Policía, el procesado tenía un rol estratégico como articulador financiero entre organizaciones criminales en Colombia y mafias europeas, incluidas estructuras italianas como la ’Ndrangheta y la denominada La Calabresa, además de redes como la Mocro Maffia y carteles mexicanos.
González Herrera habría abandonado el sistema financiero formal en 2021. Desde entonces, al parecer utilizaba el método «hawala», un mecanismo de intercambio de divisas que consiste en el manejo de códigos o tokens a través de redes encriptadas para pagar los cargamentos.
Se le atribuye la movilización de aproximadamente 137 000 millones de pesos en seis meses. Asimismo, se le atribuye el crecimiento injustificado de su patrimonio en 1 163 millones de pesos.
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Alias Medio Labio es primo hermano de alias Don Mario, uno de los fundadores históricos de lo que hoy se conoce como el Clan del Golfo, lo que explica sus conexiones de alto nivel y su posición dentro del entramado criminal. En 2008 fue capturado por porte ilegal de armas y entre 2020 y 2023 estuvo envuelto en un proceso por lavado de activos, el cual culminó con su liberación por falta de evidencias en ese momento.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos derivado del narcotráfico, enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar u ofrecer. Este último cargo estaría relacionado con tres eventos delictivos en los que habría pagado dinero a integrantes de la Policía Nacional y Migración Colombia por información clasificada y otras actuaciones ilícitas que lo beneficiaron. El procesado no aceptó los cargos.
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