“No hubo otra opción”: Fico sobre embargo de cuentas del Gobierno por deudas con el Grupo EPM

El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó embargar las cuentas del Gobierno nacional por deudas que mantiene desde el año pasado con el Grupo EPM y sus filiales por el no pago de la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3.

Un juez de la República tomó esta decisión producto de la deuda de $41 600 millones que mantiene el Estado con Centrales Eléctricas de Norte de Santander, filial de EPM. A pesar de esto, el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Federico Gutiérrez, reveló que la deuda total asciende a 1,2 billones de pesos y podría desembocar en un apagón.

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El mandatario aseguró que la empresa paisa de servicios públicos y la Alcaldía mantuvieron múltiples canales de diálogo en espera de una respuesta del Gobierno ante la deuda de estos recursos, la cual, según indicaron, nunca llegó, por lo que decidieron instaurar las acciones legales que generaron el embargo.

“La última alternativa fue recurrir a acciones legales. Hoy a EPM se le adeuda cerca de 1,3 billones de pesos solo por concepto de subsidio a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3. Se lo hemos advertido al Gobierno, van a generar un apagón. Yo al presidente Petro lo único que le pido es que cumpla la ley. Yo al presidente Petro no le estoy pidiendo que nos quiera, no le estoy pidiendo un favor; le estamos pidiendo que cumpla la Constitución y la ley. Un juez de la República nos dio la razón. Y estos son los subsidios que tiene que pagar por ley el Gobierno nacional para 12 680 000 hogares en Colombia”.

El alcalde de Medellín también declaró que se instauraron acciones legales para el pago de 483 mil millones de pesos que corresponden a vigencias futuras que se adeudan del 2024, y $490 mil millones del 2025, que fueron aplazadas por el Gobierno y están dirigidas a la ejecución del proyecto del Metro de la 80, situación que mantiene en vilo la realización de la nueva línea del sistema de transporte masivo en el occidente de Medellín.

“Que ya también interpusimos la demanda por los recursos que debe el Gobierno nacional de los 483 mil millones de pesos de vigencias futuras del año pasado para el Metro de la 80, y de los 497 mil millones de pesos que debe este año también para el Metro de la 80 (por ley de metros, y además por vigencia futura), y que dijo que lo iba a trasladar para el año siguiente. Ya también pusimos las denuncias. ¿Por qué?, porque es que son las instancias que nos quedaron, nos quedaron las instancias legales y que sea la justicia la que dirima esta situación”.

Petro acusa de sectarismo político el embargo de cuentas

Por su parte, en el reciente consejo de ministros transmitido en vivo, el presidente de la nación, Gustavo Petro Urrego, arremetió contra la medida que ordenó la rama judicial del poder, pues la calificó como un sabotaje y una acción política y sectarista por parte de sus promotores.

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“No solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que además los pocos recursos que tiene los embarga. Esa es una acción política, no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir. Por política y sectarismo político; la ciudad en donde los alcaldes dejaron que mataran a los jóvenes de la comuna 13 y los enterraran en La Escombrera y no fueron capaces de descubrirlo”.

El alcalde de Medellín respondió a estos señalamientos que realizó el presidente de la República y aseguró que arremeter contra una decisión de la rama judicial va en contra del equilibrio de poderes y es una acción propia de un dictador.

El presidente Petro insulta la justicia, el presidente Petro actúa como un dictador al calificar una decisión de un juez como una decisión política, de un sector político. Qué gran error comete, se le olvida que él como jefe de Estado debe respetar la independencia de los poderes. Y la justicia es independiente, nosotros rodeamos la justicia. Esto seguramente llegará a las altas cortes, llegará a los altos tribunales, y es la justicia quien tiene que dirimir esas diferencias

dijo Gutiérrez.

Por último, desde la Alcaldía indicaron que gran parte de las 27 empresas de energía del país se comunicaron con EPM para solicitar los argumentos judiciales que utilizaron en el proceso que llevó al embargo y, así, poder aplicar estas también la misma fórmula con el objetivo de que el Gobierno responda por cada una de las deudas que mantiene con el sector energético del país.

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