Una ofensiva articulada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín permitió la judicialización de 26 presuntos integrantes de 3 estructuras delincuenciales. La operación incluyó 28 allanamientos simultáneos enfocados en neutralizar el tráfico de estupefacientes, el hurto a residencias y el homicidio en la capital antioqueña.
El primer golpe se concretó tras seis meses de seguimiento. La red comercializaba drogas en los barrios Tejelo, Florencia, Pedregal y Castilla, donde generaba rentas mensuales de 300 millones de pesos. El procedimiento dejó seis plazas de vicio desarticuladas, además de la incautación de 2 000 gramos de marihuana y dos motocicletas.
Al respecto, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga destacó el impacto de las intervenciones en las comunas: «Seis plazas de vicio fueron desarticuladas completamente. Hemos tenido un propósito y es combatir esas estructuras criminales que se dedican a intoxicar y a envenenar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y vamos a seguir dando esos golpes importantes».
En una segunda línea investigativa, ocho meses de rastreo —apoyados en análisis de comunicaciones, videos y cotejos morfológicos— permitieron ubicar a cinco integrantes dedicados al hurto a residencias. Durante los registros, los uniformados hallaron un arma de fuego, dos proveedores, 20 cartuchos, seis celulares y dosis de estupefacientes.
Por su parte, las acciones contra la tercera estructura dejaron seis procesados. Cinco de ellos están vinculados al homicidio de un hombre en septiembre de 2025 en el sector del Tranvía de Ayacucho, barrio Buenos Aires. Entre los capturados figuran presuntos coordinadores y uno de los ejecutores materiales del crimen.
Sobre los avances en orden público, el mandatario local concluyó: «El mensaje es muy claro: Medellín tiene que seguir mejorando en seguridad. Que un solo ciudadano se sienta inseguro es motivo suficiente para seguir trabajando. Seguimos en disminución de homicidios. Tenemos, al día de hoy, una disminución de 22 % con respecto al año anterior».
Los 26 procesados y el material probatorio incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las judicializaciones y continuar desmantelando la capacidad financiera de estas organizaciones.
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