Menor reclutado por el frente 36 de las disidencias escapó y se entregó a la policía en Campamento

La Defensoría del Pueblo alertó que entre enero y septiembre de 2025 se han registrado 123 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el país por parte de grupos armados al margen de la ley. Antioquia se ubica segundo con 17 casos, solo superado por el departamento del Cauca con 31 casos, y seguido de Chocó con 12 y Huila y Nariño, cada uno con 10.

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La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Antioquia, a través de su líder, Luis Eduardo Martínez, señaló que ante este flagelo hay altos índices de subregistro por las dificultades que sufren las autoridades para conocer los diferentes casos de reclutamiento de menores. A pesar de esto, dijo que las subregiones más afectadas son el Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Magdalena Medio.

En cuanto al departamento, el secretario reveló que un menor fue reclutado forzosamente en el municipio de Briceño por las disidencias de las Farc, específicamente el frente 36. Cuando los ilegales deambulaban por la ruralidad de Anorí, este aprovechó y escapó de su control, para luego entregarse a la policía en Campamento. La institucionalidad activó la ruta de atención respectiva y el menor está siendo protegido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

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“El joven estaba por los lados de Anorí y la semana pasada, él digamos que se les voló a estos bandidos, se presentó en el municipio de Campamento a la policía de Campamento. Inmediatamente tuvimos conocimiento, estuvimos en comunicación permanente con el alcalde del municipio y logramos activar la ruta que hay establecida para esta clase de eventos, y hoy el joven se encuentra digamos que protegido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, declaró.

Los grupos armados que más cometen este crimen, según la Defensoría, son el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias Farc, otros grupos de disidencias y el ELN. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo se solicitó al Gobierno nacional y a la fuerza pública garantizar la protección integral de los menores de edad.

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