El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, propuso que la Fuerza Pública pueda intervenir en universidades y otras instituciones educativas cuando se presenten hechos violentos, sin necesidad de solicitar autorización previa a sus directivas.
El planteamiento hace parte de las observaciones que el mandatario presentó al Gobierno Nacional frente al proyecto que busca modificar el Decreto 003 de 2021, que establece los lineamientos para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas.
“Hay que desamarrarle las manos a la Fuerza Pública”, afirmó Rendón al respaldar los cambios.
La propuesta se conoce semanas después de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara, en una alocución televisada el 13 de septiembre, que su Gobierno preparaba un protocolo para facilitar la intervención policial en universidades ante hechos de vandalismo o violencia.
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En esa oportunidad, el mandatario aseguró que la protesta pacífica sería respetada, pero advirtió que los ataques contra la Fuerza Pública, la población civil y la infraestructura no podían considerarse manifestaciones legítimas. El proyecto de modificación busca establecer nuevas condiciones para la respuesta de las autoridades frente a situaciones que alteren el orden público.
En sus observaciones, Rendón planteó que el nuevo decreto incluya un artículo específico para las instituciones educativas. Según su propuesta, ante actos violentos o situaciones de flagrancia, la Fuerza Pública podría actuar sin autorización de las directivas, siempre bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación. El gobernador sostiene que estas reglas deben permitir la protección de la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa, así como garantizar el derecho a la educación de quienes no participan en las protestas y preservar las instalaciones y los bienes públicos y privados.
El mandatario también propuso modificar las condiciones para la participación de las gobernaciones en los Puestos de Mando Unificado (PMU), de manera que su presencia no dependa únicamente de que una movilización se extienda por varios municipios, sino también de las condiciones de seguridad y orden público. Además, pidió precisar que las verificaciones del Ministerio Público puedan realizarse antes, durante o después de las manifestaciones, sin retrasar las intervenciones policiales cuando sean necesarias.
El departamento dijo que también busca que la protección de la propiedad privada, los bienes públicos y el medio ambiente sano quede expresamente contemplada entre los derechos que deben protegerse durante las movilizaciones.
Por ahora, la propuesta del gobernador no constituye una norma aprobada ni significa que las reglas vigentes hayan cambiado. El Decreto 003 de 2021 establece mecanismos de diálogo y mediación, así como principios para el uso proporcional de la fuerza y la intervención policial frente a hechos violentos. Las modificaciones planteadas por el Gobierno Nacional y las observaciones de Antioquia abren un debate sobre cómo garantizar la protesta pacífica, respetar la autonomía universitaria y definir en qué circunstancias pueden intervenir las autoridades sin autorización de las directivas. Decreto 003 de 2021.
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