La última vez que María Eugenia Ospina escuchó a su hijo, Dilmar Stiven Restrepo Ospina, fue el primero de abril. El joven, quien trabajaba como mototaxista en Medellín, viajó el 5 de marzo al frente extranjero tras aceptar una oferta laboral en Facebook. Tras tres meses de silencio, su familia denuncia promesas incumplidas y un lucrativo negocio de intermediarios en el conflicto.
La oferta inicial en la plataforma digital prometía un bono de 85 millones de pesos y un sueldo mensual de hasta 12 millones. Sin embargo, la realidad al aterrizar en el continente euroasiático fue distinta para el colombiano. «Él llegó allá, el bono no se lo dieron… Le descontaron el viaje y el uniforme», relató su madre.
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A las dificultades económicas se sumó el robo de sus pertenencias dentro del campamento de entrenamiento militar. Bajo la advertencia de sus propios compañeros de no protestar para evitar castigos en el calabozo, el joven dependió de teléfonos prestados para dar reportes. Su último mensaje anticipó el traslado a la zona de operaciones.
«Ma, ya vamos para misión… Esto se demora como tres meses para salir de acá, para poder volver a coger un celular», avisó Restrepo. Desde ese día, la comunicación se cortó por completo. Las indagaciones particulares de la familia con un contacto en la zona indican que el joven no figura en registros de fallecidos ni desaparecidos.
En el mismo viaje participó otro joven de Medellín, cuyo paradero también es un misterio para sus allegados tras ser separados al ingresar a Rusia. Ante la falta de respuestas, las familias afectadas recopilan documentos para presentar formalmente el caso ante la Cancillería de Colombia y activar la asistencia consular.
El llamado de esta madre busca alertar a los jóvenes sobre los riesgos de este reclutamiento digital y la desprotección en el frente. «Que se acaben estos reclutadores; se están aprovechando de nosotros los padres. Ellos son los que cobran y se quedan con todo… Se están enriqueciendo a costilla del dolor ajeno».
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