La Gobernación de Antioquia rechazó los enfrentamientos armados que se registraron desde el pasado sábado entre las disidencias Farc de alias “Calarcá” y el Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Briceño, que, según indicaron, pusieron en riesgo la atención en salud y la educación de la comunidad y que representan una vulneración a los Derechos Humanos y violación al Derecho Internacional Humanitario – DIH. En videos y fotos compartidos por la gobernación se aprecia como la infraestructura fue víctima de los disparos y explosivos de los ilegales, poniendo en riesgo a quienes estaban adentro.
Estos combates han afectado de manera directa el normal funcionamiento del Centro de Salud de la vereda El Roblal, limitando la atención médica de la comunidad aledaña, pues el personal de la salud tuvo que salir de la zona.






Así mismo, se vulneró el derecho fundamental a la educación en 28 sedes educativas, poniendo en riesgo la continuidad académica de 375 estudiantes, quienes tuvieron que suspender las clases presenciales y continuarán con educación semiescolarizada. La Gobernación de Antioquia reiteró que ningún actor ilegal puede arrogarse el control de los territorios ni someter a las comunidades al miedo, el confinamiento o el desplazamiento.
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El Gobernador Andrés Julián aseguró que el Ejército debe mantener su presencia en la zona rural de Briceño para garantizar la seguridad de la población. “¡Los campesinos de las zonas más lejanas de Antioquia merecen una vida segura! Desde octubre pasado el Ejército se comprometió a quedarse. Sin embargo, se retiró a cubrir posiciones en otro Departamento. Al Ejército le pedimos que no se vaya hasta que garantice la seguridad de los campesinos en esa zona”, aseguró el mandatario en su cuenta de X.
El Gobierno Departamental realizó un Consejo de Seguridad para articular a la Fuerza Pública y a las autoridades competentes. Se pidió reforzar la seguridad en la zona y proteger a la población civil del municipio de Briceño. “La salud y la educación son derechos inviolables que deben ser respetados en todo momento, conforme a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario – DIH”, concluyó en un boletín la gobernación.
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