En la tarde del martes 23 de julio, siete miembros del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc fueron detenidos en Antioquia, mientras se desplazaban en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía General de la Nación, entre los detenidos se encontraba Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, comandante del Bloque Magdalena Medio y negociador en la mesa de paz.
En un giro adicional, se descubrió que un menor de edad, quien había sido reclutado por el Frente 36 de las FARC desde los 12 años, estaba viajando en una de las caravanas de los disidentes. Así fue informado por el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona.
El menor fue trasladado a la Inspección de Permanencia de Bello y luego al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde actualmente recibe protección.
La presencia del menor en la caravana resalta la gravedad del reclutamiento forzado por grupos armados, un crimen de guerra que debe ser severamente enfrentado. Este hallazgo plantea interrogantes sobre la efectividad de los actuales acuerdos de cese al fuego y la necesidad de reconsiderar la protección y medidas de seguridad asignadas a grupos involucrados en tales delitos.
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Alias Andrey, del Estado Mayor Central de las FARC, alegó que Firu y los otros capturados venían de una reunión de paz con el Gobierno nacional y que las órdenes de captura estaban en proceso de levantamiento. En respuesta, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la falta de protección para líderes locales mientras se prioriza la seguridad de los disidentes.
Este incidente pone de relieve la urgencia de abordar el reclutamiento infantil y cuestiona la política de protección actual, que debe enfocarse en la seguridad y justicia para todos los ciudadanos, incluidos los líderes locales amenazados.
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