Audiencia de imputación contra Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, será el 3 de agosto

La Fiscalía General de la Nación solicitó la realización de una audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del superintendente nacional de Salud y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con la contratación en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). En el mismo proceso también fueron vinculadas otras tres personas y el ente acusador solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad.

De acuerdo con la investigación, Miguel Quintero habría intervenido, sin ostentar un cargo oficial, en el direccionamiento de contratos suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante los años 2020 y 2021. 

La Fiscalía sostiene que las irregularidades hacen parte de un presunto esquema para favorecer contratistas y obtener beneficios económicos indebidos en procesos que comprometieron millonarios recursos públicos.

La audiencia de imputación fue programada para el próximo 3 de agosto, a las 2:00 de la tarde, diligencia en la que la Fiscalía expondrá los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación y formalizará los cargos contra los implicados ante un juez de control de garantías.

Leer más: Relevo en el Gaula Militar Oriente: el mayor Julio César Tacha asume la comandancia

Tras conocerse la decisión del ente investigador, Daniel Quintero salió en defensa de su hermano y aseguró que el proceso corresponde a una “persecución política”. 

A través de su cuenta en la red social X afirmó: «Continúa la persecución infame y ahora será peor» y sostuvo que Miguel Quintero «no ha cometido falta alguna». Además, relacionó la actuación de la Fiscalía con las recientes actuaciones de la Superintendencia Nacional de Salud frente a la Alcaldía de Medellín y en la FLA, al señalar que la imputación sería una retaliación “por las medidas e inspecciones adelantadas por esa entidad”.

El caso hace parte de una de las investigaciones más relevantes por presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración de Daniel Quintero en Medellín.