La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita prevenir atentados, ataques o cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la seguridad y la tranquilidad de los antioqueños durante la jornada de posesión presidencial del 7 de agosto.
La medida hace parte de un plan integral de seguridad activado por la Administración departamental, en coordinación con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para prevenir alteraciones del orden público durante la posesión presidencial, así como en los días previos y posteriores al evento.
El plan contempla un mayor despliegue de la fuerza pública en todo el departamento, con especial atención en infraestructura estratégica como aeropuertos, terminales de transporte, sedes gubernamentales y redes de energía.
Leer más: De la Espriella completa su gabinete con Claudia Benavides como ministra de Ciencia
Además, la estrategia incluye acciones de inteligencia y el monitoreo de redes sociales y fuentes abiertas, con el propósito de identificar de manera anticipada convocatorias o situaciones que puedan derivar en hechos violentos.
El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez Guzmán, explicó que el objetivo es anticipar y prevenir «acciones vandálicas, manifestaciones salidas de todo contexto o actos terroristas».
«Y si es necesario, que cada alcalde en su municipio adopte medidas administrativas que le ayuden a la fuerza pública a cumplir con su misión, como el toque de queda, la ley seca, la restricción de horarios, la prohibición del transporte de escombros», señaló el funcionario.
Desde el pasado 1 de agosto permanece activo el Puesto de Mando Unificado departamental, encargado de coordinar el monitoreo permanente antes, durante y después de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Según la Gobernación, la fuerza pública mantiene máxima disponibilidad operacional y cuenta con capacidades de reacción e investigación ante cualquier eventualidad.
La Administración departamental también adelanta consejos de seguridad con autoridades municipales y subregionales para revisar las condiciones de orden público en cada territorio. En esos espacios se invita a los alcaldes a evaluar medidas preventivas de acuerdo con las necesidades de sus municipios.
Entre las disposiciones contempladas están restricciones al parrillero, limitaciones a la venta y consumo de licor, cierres de vías u otras medidas orientadas a preservar la seguridad y la convivencia ciudadana durante la jornada.
