Foto: Tomada de Dejusticia.
En lo que va de 2025, se han contabilizado 13 asesinatos de líderes sociales en el departamento, de acuerdo con los reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Este número representa casi la mitad de los casos registrados en Antioquia durante todo el año 2024, cuando se documentaron 28 muertes.
Los homicidios se distribuyen en zonas con presencia de estructuras armadas ilegales que mantienen mecanismos de control territorial, lo que ha sido advertido en reiteradas ocasiones por la Defensoría del Pueblo.
La Alerta Temprana 019 de 2023 identificó escenarios de riesgo para personas defensoras de derechos humanos, en los que se incluyen prácticas como restricciones a la movilidad, vigilancia sobre actividades comunitarias y amenazas a quienes promueven procesos organizativos.
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A nivel nacional, el total de líderes asesinados en 2025 asciende a 92. Antioquia se mantiene entre los departamentos con mayor número de casos, junto a Cauca y Nariño. Los registros indican que los crímenes no responden a eventos aislados, sino a una dinámica sistemática que se mantiene activa en varias subregiones del país.
Las medidas de protección individual, implementadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras entidades, no han logrado frenar el avance de estas violencias. Organizaciones sociales han insistido en que los esquemas actuales no se adaptan a los contextos comunitarios ni responden a los factores estructurales que permiten la continuidad del fenómeno.
La falta de esclarecimiento judicial y el bajo nivel de judicialización también han sido señalados como elementos que favorecen la repetición de estos hechos. En la mayoría de los casos registrados no hay capturas ni condenas, lo que incrementa el riesgo para otras personas que desarrollan actividades similares.
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